Organizaciones alteñas reconocen deterioro del control social a instituciones

El Alto, ago 31, 2009.- Varios representantes de diferentes organizaciones manifestaron en la ciudad de El Alto que el control social a las instituciones públicas no existe.

Román Vargas, dirigente de la Central Obrera Regional (COR), señaló que el debilitamiento del control social hacia las instituciones públicas no es eficiente por parte de las organizaciones, esto debido a los problemas internos y la participación que tiene el dirigente en la cosa pública.

A su vez, Roberto Rojas, secretario de organización de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), mencionó que el control social se fue deteriorando cuando las organizaciones comenzaron a ser parte de las instituciones públicas dejando de lado en control social.

Además, aseveró que como que como instituciones públicas, en el caso de la Alcaldía, no cumple con la labor de transparencia la información sobre los recursos recibidos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH).

“De un tiempo a esta parte las organizaciones sociales así como el Comité de Vigilancia y el Concejo Municipal ya no son instancias que fiscalicen los recursos de la población”, indicó.

Además, que la participación de los dirigentes en partidos políticos empeora es otro hecho que debilitó al control.

José Luis Rodríguez, representante de la Asociación de Niños y Adolescentes Trabajadores (Asonat), indicó que desde hace tiempo atrás que las organizaciones sociales han perdido el poder de exigir a las autoridades municipales, prefecturales y gubernamentales transparentar los recursos que utiliza cada institución pública.

“Es importante conocer cuánto recibe y en qué se gasta cada recurso que manejan instituciones estatales y sobre todo las municipales, ya que son las alcaldías quienes manejan más dinero”, señaló.

Por su parte, Humberto Sandalio, presidente de la Federación de la Micro y la Pequeña Empresa (Fermype), manifestó que las organizaciones que están siendo parte del poder de turno no pueden ser fiscalizadores.

“Existe un debilitamiento en cuanto al control social, ahora ya no se pude hablar de un verdadero control, porque este aspecto quedó de lado por parte de las organizaciones y del propio gobierno”, aseveró.

Para el presidente del Concejo Municipal, Enrique Ricaldi, el control social no es una práctica fácil pero es un deber y un derecho que otorga la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el de acceder a cualquier información que tenga relación con las instituciones estatales, municipales y prefecturales.

TRANSPARENCIA

El Viceminesterio de Transparencia, es una instancia en donde trató de poner las reglas de juego para todas las instituciones estatales, municipales y prefecturales, quienes deben ofrecer toda la información a la población, sin que éstos tengan que pertenecer a una organización.

Sin embargo, transparentar las instituciones no es una tarea fácil, no sólo para las organizaciones que están limitadas por su falta de conocimiento y su actuar dentro de las mismas instituciones.

Richar Quispe, presidente del Comité de Vigilancia, manifestó que se deben encontrar mecanismos para acceder a la información y establecer que el control es una obligación que tiene una organización ante la población, la de vigilar nuestros recursos.

“Tal vez el control ya no sea tan estricto, pero los dirigentes no debemos perder hacia donde nos dirigimos, aunque es difícil en esta coyuntura”, concluyó. (El Diario)